Congreso propone suspender pagos de alquiler de vivienda a población vulnerable

Abogado considera que proyecto sería inconstitucional y podría afectar también a propietarios cuyos ingresos dependan solo de aquellas rentas

Tras la cuarentena y por los trabajos suspendidos de la mayoría de la población vulnerable, algunos congresistas han planteado la propuesta de suspender los pagos pendientes de servicios públicos y contratos de alquiler de viviendas entre privados.

El legislador de Acción Popular, Paul García, presentó un proyecto para suspender el pago de la renta –así como los intereses, moras y penalidades correspondientes–, a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Esta medida estaría vigente por hasta dos meses posterior al fin del estado de emergencia (30 de junio).

Para acceder a esta medida propuesta, el proyecto precisa que el arrendatario “deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la declaratoria de emergencia a consecuencia del brote de COVID-19”.

La vulnerabilidad económica se probará cumpliendo con algunas de las condiciones:

· Estar desempleado.

· Que se le haya reducido las jornadas laborales y consecuentemente la remuneración que percibía, “reduciendo sustancialmente sus ingresos”.

· Trabajadores independientes que sufran una “pérdida sustancial” de los ingresos o una caída de las ventas superiores al 40%.

De acuerdo de Daniel Linares, socio de Linares Abogados, este dispositivo sería inconstitucional, pues atenta contra la autonomía privada de los contratos y toma partido por una de las partes. Según explicó, los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

“El proyecto parte del principio que la parte débil es el arrendatario sin preocuparse de la condición del arrendador, que igualmente puede encontrarse en una situación de necesidad económica”, señala el abogado, lo cual afectaría la cadena de pagos en dicho sector.

Asimismo, criticó que el proyecto de ley no haya analizado las consecuencias que podría tener una norma de este tipo como mensaje para el sistema.

Por su parte, Mónica Saavedra, de la misma bancada, plantea suspender automáticamente por el plazo de dos meses el cobro de agua, energía eléctrica, gas, servicios de telefonía fija, celular, Internet, cable y pago de alquileres.

Estos serían prorrateados –sin intereses, multas o gastos administrativos– en los siguientes meses del 2020.

Se precisa, además, que no podrán acogerse a la ley, los trabajadores que hayan recibido licencia con goce de haber.

Fuente: El Comercio.